No nos debería dejar de sorprendernos que en la
actualidad en países como España se esté sometiendo a juicio en los tribunales
de justicia, a un grupo importante de defraudadores(as) y corruptos. Unos
personajes que valiéndose de sus posiciones de poder y afinidades políticas, expolian
las arcas públicas o cometen fraudes económicos a fin de enriquecerse
indebidamente.
Mientras tanto, en Chile “miramos para el lado” o esto
no ocurre ni de lejos. La dura realidad pareciera indicarlos que nuestra
institucionalidad política ha naturalizado estos hechos y, por tanto, gozan de
plena legitimidad en pleno siglo XXI. Aquí juzgamos otro tipo de causas, si no por qué de la reforma procesal chilena y la creación de nuevos tribuales de justicia: deberíamos interrogarnos acerca de qué tipo de causas se tramitan allí, pues son los que concentran mayor parte de tiempo y recursos.
Son muchos los casos conocidos en los 24 años de democracia
– pero que por omisión o el juego de intereses opacos no son juzgados por nadie
(ni por los tribunales ni por la sociedad civil para dictar condenas desde la
base de la “moral colectiva”) – de (re)nombrados políticos que explotando el
recurso de su membrecía en partidos ligados al poder, y cargos de
representación ciudadana, ponen y sacan a su antojo a amigos y parientes de los
cargos públicos. O a la propia familia, de las contratas públicas millonarias
alrededor de gobiernos regionales, locales y municipios: contratas millonarias en
el manejo de residuos y basuras, mantención de aseo y ornato, construcción de
escuelas, consultorios, y un largo etcétera. Si esto es corrupción y tráfico de
influencias, entonces qué venga Dios y me lo diga.
Les pondré un ejemplo más concreto. Durante las últimas
semanas hemos sido testigos en primerísima persona, de las luchas intestinas
entre miembros de un mismo partido político o de partidos diferentes del “nuevo
bacheletismo” en nuestra comuna y región”, por la pelea para ocupar cargos públicos
en el nuevo gobierno. La “joya de la corona” es el nicho de la INTENDENCIA REGIONAL
o el cargo de INTENDENTE. Circulan en los medios de comunicación, y en la
rumorología, para este cargo un sinfín de candidatos y candidatas de todos los
portes, colores o características, interesados todos ellos de ganarse un
salario de siete dígitos: $ 5.000.000 aprox.: muchos de éstos están sedientos y
hambrientos por hacerse con el cargo. Digo y subrayo lo de “ganarse un salario
o sueldazo”, pues en estas circunstancias lo de cumplir una “función de interés
público” con estricto apego a la ética pública cae relegado a un segundo o
tercer plano. Y este “sueldazo” con cargo a las arcas públicas y nuestros
impuestos, sépalo usted, es sólo el piso de entrada. Después vienen todos los
agregados por distintos conceptos: llámese comisiones (por arriba y por
debajo), participaciones en negocios, y un largo etcétera. Eso, de sobra, es
sabido por gente de mediana inteligencia o con algo de conocimiento en el
manejo de los asuntos de las políticas públicas.
Por otra parte, quienes se han mostrado más motivados
e interesados en esta disputa de poder y de ganar una posición de privilegio
para perpetuarse en los cargos - colocar a algún(a) candidato(a) de su predilección
o de su más estricta confianza -, son los representantes elegidos a ocupar
cargos de representación en las elecciones del 15-N (senadores y diputados del
partido gobernante). Sin dejar de lado a los alcaldes de este conglomerado, pues
algunos de éstos han demostrado ansías exageradas en poner en cargos a “chicas
guapas” sin ningún mérito ni menos conocimiento y competencias mínimas en estas
artes. Lo siento por los ciudadanos y votantes de estos personajes, pues quienes
sean elegidos(as) para ocupar cargos tomarán decisiones transcendentales que
afectarán las condiciones de vida y el bienestar de nuestras comunidades. Este
hecho no es baladí, sépalo usted, pues le están faltando el respeto a los ciudadanos
y a las promesas de campaña!
La razón parece una obviedad, la (re)generación de
correas de transmisión o la cuadratura de círculo o “jaulas de hierro” después
de cuatro años de alejamiento de la “sala de mandos”: El Estado y sus instituciones
políticas. Autenticas cofradías o en palabras de un buen analista político, la
perfecta consolidación de un gobierno regional y local AUTÓCRATA (uno mismo en
el poder) que supone
tener a la ciudadanía cautiva o dentro de sus "redes de dominación y
dependencia".
Mucho me temo, amigos(as) míos(as), y sin necesidad alguna de consultar el oráculo, que los cambios institucionales anunciados a bombos y platillos en la retórica de campaña presidencial del “nuevo bacheletismo” – profundizar la democracia política en nuestro país, región, provincia y comuna -, tendrá más y lo mismo de estos ingredientes. En síntesis, más inmovilismo y más statu quo.
Prof. Miguel Arismendi G.
Editor de, “creando crítica,
formando opinión pública para una nueva sociedad política”
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