BIOGRAFÍA DEL AUTOR

En el mundo acelerado, frío e impersonal, repleto de incertidumbres y tensiones en que nos toca vivir, el experto en ciencias políticas y sociales Miguel Arismendi G. aporta una mirada propia, profundamente cuestionadora y crítica de la realidad, de nuestra realidad actual, la de nuestros espacios de vida. Un análisis sin apego a dogma, receta u ortodoxia alguna sobre los temas o asuntos más calientes y/o controvertidos de la actualidad local, nacional e internacional.
Veinte años de experiencia y estudio en el complejo mundo de las políticas públicas y sociales, avalan sus opiniones.

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jueves, 17 de septiembre de 2015

Desastres naturales, el ocurrido en las costas de la zona Centro-Norte, y el (mini) Estado chileno: “más sombras que LUCES”.

Va siendo una (pésima) costumbre instalada en el lenguaje oficial de las autoridades o representantes de los poderes públicos – Presidenta, Ministros, Alcaldes y otros – que ante los desastres naturales hablen de la ayuda que viene en forma de “maquinaria” e “infraestructura o recursos” del lado de la EMPRESA PRIVADA. Por no decir que nuestras autoridades salen corriendo a pedirles su ayuda, pues saben que el Estado-empresa o gestor como le llaman y funciona en la actualidad, no cuenta con estos recursos (¿?).
Hasta donde sé, y pueda que sepa mal, no se lee en ninguna parte de la CONSTITUCIÓN DE NUESTRA REPÚBLICA que sea la empresa privada quien tenga que “brindarnos protección y seguridad social" ante los distintos riesgos (naturales o sociales) que enfrentamos como sociedad en el día a día.

Del cruce de ambas situaciones, surgen en mí interrogantes tales como: ¿qué pinta el Estado y sus instituciones, en su papel de primer actor, en la atención y resolución de aspectos básicos y fundamentales en la buena vida de nuestra sociedad – salud, educación, vivienda, trabajo, desastres naturales, y un largo etcétera –? ¿Es acaso el Estado, quien nos debe proteger a todo evento, un rehén o simple colaborador de las políticas de las empresas que trabajan en pro de su propia GANANCIA INDIVIDUAL, y donde por convención ideológica lo social o lo público no tiene cabida? ¿Puede un Estado y sus representantes, bajo estas nuevas reglas del juego imponer condiciones o límites a las empresas en distintos asuntos relacionados con el bienestar de las personas y sus comunidades: elevar las tasas de impuestos y tributación, imponer una legislación favorable a la preservación del medioambiente y nuestras culturas ancestrales, por ejemplo? ¿Por qué el Estado actúa tan diligentemente en asuntos del “cobro de impuestos” a la clase media y no lo hace de la misma manera en este tipo de desastres? Creo, la respuesta es un NO en mayúsculas, pues el orden del juego o de las piezas ha sido alterado en función de la búsqueda del puto interés privado.

Sugiero, por sí no me hacen mucho caso, revisar lo que pasó en Estados Unidos con el huracán KATRINA en 2005 (o huracán) que afectó a las costas, y la población de Luisiana o Missisipi. Simplemente porque el “Estado” en EE.UU, frente a este tipo de situaciones relativas a la protección social y de los pobres, es prácticamente inexistente. A tal punto que fue la empresa privada, WALMARK en concreto (el de los supermercados LIDER en Chile), quien dispuso de transporte y alimentos para los afectados ante la INACCIÓN o falta de medios del Estado y sus instituciones. A este tipo de consenso o de serias limitaciones impuestas de “arriba hacia abajo” en las condiciones básicas de una población o sociedad, es lo que ahora le llamamos tan ligeramente “responsabilidad social”.
Digo yo, “responsabilidad social” de qué tipo y para qué o con qué fines.


Lo dicho,

Profesor Miguel