¿Está la derecha
económica (y algunos sectores del nuevo bacheletismo “celadores de la ortodoxia
del mercado”) jugando a empobrecer a la clase media como estrategia
desactivadora (o desmotivadora) de las reformas estructurales – entiéndase
REFORMA TRIBUTARIA y ESTATALIZACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS (educación, salud,
previsión social) PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DE NUESTRO PAÍS – que la “calle”
ha exigido a golpe de movilizaciones a los gobernantes-empresarios de turno?
La clase media y la clase trabajadora – aquellos que no viven
del festival populista y demagógico de los “bonos y subsidios adormecedores de
consciencia” - ha visto como su consumo ha caído drásticamente durante los
últimos meses. Esto, a consecuencia de alzas constantes en el costo de la vida
y el adelgazamiento evidente de los “salarios reales”. Por ejemplo, el precio
de los productos alimentarios en el supermercado o las subidas y bajadas constantes
en el precio del combustible que encienden alarmas, crean incertidumbre y
preocupación o entretención permanente en los consumidores.
En Chile, producto del modelo de desarrollo de libre mercado
adoptado en los ´80 del siglo pasado y que ha sido administrado eficientemente por
los gobiernos de cuño socialdemócrata y democristiano, es la gran empresa o los
empresarios o derechamente “el mercado” quien está al mando de la economía y de
las grandes decisiones país: decisiones con influencia directa sobre la vida
cotidiana de los ciudadanos(as).
Pero, ¿qué consecuencias estructurales acarrea este hecho
político, económico y sociológico entre las clases medias, trabajadoras y
pobres de este país? ¿Cómo o de qué forma afecta en el “comportamiento social”
de la ciudadanía el que un sector poderoso en este país manipule a su voluntad
y decisión las líneas maestras del desarrollo?
Pasemos, a continuación, a revisar algunos de los ejes centrales de esta discusión.
Primero, mirado este fenómeno desde una perspectiva
estrictamente económica y política el panorama se presenta francamente
desolador. ¿Por qué? Bien, porque el diseño institucional adoptado por este
país señala que el Estado de Chile no debe intervenir o regular la dinámica organizativa
de la economía en cuestiones tan trascendentales como la preocupación por la
desigualdad - fijar salarios, ordenar y regular los precios, establecer mecanismos
de distribución igualadores de cargas y beneficios en los distintos estratos
sociales, entre otras - o de proveer universidad gratuita, por ejemplo.
Por poner algunas cifras explicativas de la materia en
discusión: según los datos aportados por la Dirección de Presupuestos Nacional
(DIPRES), el gasto público en 2013 alcanzó el 23,65% del Producto Interno Bruto
(PIB). Nuestro país se ubica en el puesto 47 a escala mundial en materia de
gasto público, por detrás de países como Argentina (44,29), Brasil (40,48%),
Colombia (28,26%), Ecuador (40,40%) o México (27,3%). En cualesquiera de estos
países, donde la inversión pública expresa una preocupación superior por proteger
el interés colectivo o a las personas, la intervención del Estado en más
intensa o mayor que en Chile. Ahora bien, ni hablar de los países desarrollados
o post-industrializados pues de entrar en comparaciones haríamos el ridículo
más absoluto.
La realidad en datos de esta institución total llamada
Estado, puede ser bien comprendida haciendo uso de las palabras sentenciadas
por un sabio latinoamericano al momento de salir elegido Lula (representante
del partido de los trabajadores) como presidente del Brasil (período 2003-2011):
“Lula llegó al gobierno de la nación,
pero no al PODER”.
Surge entonces la siguiente interrogante: ¿Qué circunstancias
sociales impiden un mayor intervencionismo estatal, reflejado este hecho en
cifras o en los números, como institución con la capacidad suficiente de otorgar
garantías efectivas a la población para mejorar los niveles de bienestar y de protección
social afectados por la supremacía del modelo de acumulación de riqueza
capitalista imperante en Chile?
Dicho de otra forma, ¿está realmente capacitado el Estado
chileno para poner freno a las arremetidas de las fuerzas descontroladas o
fallos del mercado que impiden mayores cuotas de bienestar y desarrollo social
o es que está jugando a favor de la profundización del sistema de sociedad del capitalismo
neoliberal? Ejemplos del “des-control del mercado” o del “mercado des-atado”,
obtenidos de la radiografía de nuestra realidad, abundan: el aumento
incontestado del costo de la vida (bienes y servicios básicos) o el precio de
los carburantes, el ajuste a la baja – arbitrario - de los salarios, la rebaja
de las garantías y condiciones laborales, las elevadas tasas de desigualdad
estructural y de pobreza por sobre las cifras aportadas y que oculta la
estadística oficial, el liberalismo salvaje o darwinismo social imperante en
sectores tan estratégicos para el desarrollo de un país como son la educación, la salud (enfermedad), la
previsión social (jubilación), entre otros? Sugiero revisar el siguiente
(breve) artículo: ¿Santiago
más caro que Londres? El costo de la vida sube y sube…
Algunas de las explicaciones posibles de dar a este problema
(pues no sería una, exclusivamente) se remontan a lo vivido en este país
durante las últimas tres décadas: período 1980- 2014. Aquí se conjuga o fusiona
el juego perverso de factores de tipo político, ideológico o de arreglos históricos
institucionales – conglomerados asociados al poder gobernante y grupos de
influencia económica -, que valiéndose de la vía económica y política han obstaculizado
el crecimiento de las capacidades y funciones del Estado: en síntesis, “su
tamaño”.
Las reformas estructurales del Consenso
de Washington, aplaudidas por liberales y socialdemócratas de toda la
región latinoamericana, ajustaron “a la baja” el tamaño del Estado dejando sometidas
a las sociedades a las reglas unilaterales de la mano invisible del mercado o
del laissez faire. Una lectura actualizada
de este hecho la puede obtener oyendo el discurso del renovadísimo ex presidente
socialista (¿..?) Ricardo
Lagos (alías “capitán planeta”), quien hace muy poco en un seminario
de ICARE entonó el canto de sirenas de lo concesionable o más bien de la “privatización
encubierta” en asuntos de obras e infraestructura. A este respecto, solo me cabe decir que mucho me temo que este señor se ha contagiado de la subversión ideológica de Felipe González (ex presidente español, representante del Partido Socialista Obrero Español), quien se ha manifestado abiertamente a favor de una gran alianza con la derecha española. En síntesis, absorbido por la insensata idea de consolidar el sistema neoliberal o de libre mercado. Cuestión que Lagos, y a las pruebas me remito, también daría por bueno!
A las lógicas del mercado y de la fe ciega puesta en el crecimiento económico por nuestros máximos representantes, a las que se sumó el proceso ascendente de reducción o “minimalización” de la función pública (proceso empleado a su vez como medio para normar la desafección política de la ciudadanía en los asuntos de interés público), son atribuibles algunos de los grandes problemas sociales observados actualmente en nuestra sociedad:
i)
elevadas tasas de
desigualdad en la distribución de los ingresos, desigualdad que priva a los
ciudadanos de la “libertad real”.
ii) imposibilidad
en un sector amplio de la ciudadanía de “escapar de la pobreza” mediante la movilización
objetiva en la escala o estructura social, generando oportunidades muy
desiguales. Ejemplo de ambos fenómenos, lo son: el enorme muro que impide materialmente
a los pobres movilizarse de un quintil a otro (del quintil dos al tres, escapando
así de la pobreza y mejorando las condiciones materiales de vida). O la
educación pública-municipalizada, máquina reproductora de la desigualdad y la
fragmentación social (la denominada “sociedad de los dos tercios” o los excluidos
y los incluidos).
Ambas situaciones – cóctel de desigualdad más pobreza
alimentado por los gobernantes de turno y las coaliciones del poder e
influencia - han llevado periodicamente a la infrautilización del capital
humano y el impedimento a los individuos de explorar y desarrollar sus talentos
y capacidades (Myrdal, 1960; Alesina y Rodrick, 1994; Persson y Tabellini,
1994).
Segundo, el que un sector muy poderoso de la sociedad (derecha
económica, derecha política y los partidos de gobierno pro mercado) tenga el
control casi total de las vidas de la mayoría de los ciudadanos (as) en este
país ha colaborado en deteriorar la frágil democracia: la “perfecta dictadura” disfrazada
en piel de democracia. En efecto, al haber dejado en manos de algunos sectores minoritarios
de la sociedad los recursos – clase política y los grupos de poder – éstos han
hecho valer su posición política-económica influyente para manejar a su antojo el
comportamiento social colectivo. ¿En qué situaciones o hechos es posible evidenciar
este manejo, regulación y control, que pesa sobre la vida de los ciudadanos? Al
menos en los siguientes hechos: a) colocando mucho dinero en la política
electoral o campañas en los distintos procesos eleccionarios que a posteriori limita la toma de
decisiones democráticas pues están dentro del Estado y fuera de éste, b) concentrando
riqueza (AFPs., sector energético, ISAPRES, educación privatizada, políticos-empresarios,
medios de comunicación de masas, etc.) y formando auténticas estructuras de
poder infranqueables.
Aquí es donde el poder del dinero y la influencia política intervienen
activamente, cuando así lo consideran oportuno y conveniente introduciendo
fórmulas que crean disonancia
cognitiva en la ciudadanía, en debilitar las relaciones sociales y la
solidaridad social conducente a reequilibrar la balanza a favor de las amplias
mayorías sociales: introducen dosis significativas de individualismo (el
famosos “yoísmo”), desconfianza e incertidumbre con el fin que los ciudadanos
se despreocupen de la “comunidad”, de lo “colectivo” o del “interés común” . Citaré,
entonces, dos formas básicas en cómo estos poderes se han hecho del control de determinados
recursos ejerciendo coacción deliberada sobre las consciencias movilizadoras de
la población: 1) por medio de la regulación del mercado de trabajo, siendo ésta
la principal fuente generadora de las desigualdades en una sociedad capitalista:
Alan Greespan, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en
referencia a los trabajadores del actual modelo neoliberal, llamó la psicología
del “trabajador traumatizado”, el cual se resiste a exigir mayores salarios por
inseguridad y por temor a perder su empleo; y 2) por medio de la regulación de
las decisiones sobre las políticas sociales gubernamentales de mínimos
(selectiva y residual) – gasto público y social -, y valiéndose de subsidios y bonos
individualizadores por tratarse de los instrumentos más importantes de manipulación
del comportamiento social en ese vasto segmento de población pobre y necesitada.
Este estrato social es quien aporta la base material, mediante el voto en las
elecciones, sobre el cual se sostiene el edificio del poder monopólico o de
intereses personales de la clase adinerada y de los políticos-empresarios de
turno.
Concluyo diciendo que la distribución de recursos en esta
lógica – menos para el Estado más para los privados o el mercado -, es
funcional a la ampliación de los diferentes tipos de desigualdad que se dan en
nuestra imperfecta democracia: no únicamente de ingresos, sino también de género
o étnica o de estatus social. Este tipo de democracia configurada al modo de
la sociedad de mercado, favorece a la preservación de las lógicas de
concentración intacta de riqueza en unos pocos y la movilidad financiera como
factor clave en la limitación del poder ciudadano en la conducción (bajo el
principio de “libertad real”) de propios proyectos de vida o ideal de vida
deseado.
Lo dicho.
