Este artículo analiza la situación del proceso
electoral en Osorno-Chile, y muy en particular la del conglomerado del NUEVO
BACHELETISMO, cuya evolución tiene muchas semejanzas con el comportamiento de
los partidos de la derecha. Este artículo presenta algunos hechos, donde se da
cuenta de esta cuestión.
El comportamiento observado durante
los últimos años de los partidos aliados con el Nuevo Bacheletismo se presenta
como signo de grandes dudas y opacidades respecto a la posición progresista que
dicen defender.
¿Podemos confiar en ellos, en los
candidatos del NUEVO BACHELETISMO, endosándoles nuestro voto, sin caer en lo
que se entiende como RIESGO MORAL (moral hazard) o en el AUMENTO DE LA INCERTIDUMBRE
Y LA INSEGURIDAD PERSONAL-FAMILIAR-COLECTIVA?
(Lo del "riesgo moral", es
con apego a la corriente científica de la Teoría de Juegos No Cooperativos).
Los hechos o eventos ocurridos entre
1990 y 2010 en materia político-institucional imponen la ruta casi obligada de
la reflexión siempre desde un pensamiento "crítico" (no conformista,
no acomodado ni menos pusilánime) de desaprobación y disentimiento fundado en
el cometido exhibido.
Decir de entrada, queda la percepción de que el bloque
de partidos, y de representantes a los distintos cargos de representaciones
ciudadana en 2013 – concejeros regionales, diputados, senadores, presidente –
por el NUEVO BACHELETISMO (discúlpenme por el aforismo empleado), ha hecho más
por “restar bienestar y derechos sociales a los ciudadan@s” que la propia
derecha. Esto, proporcionalmente hablando del tiempo en que uno y otro han
permanecido en el poder, es empíricamente correcto pero no se refleja por parte
de los medios afines: es causa de la gran manipulación de las noticias.
Por utilizar alguna metáfora, el
conglomerado concertacionista “ha sido más derecha que la propia derecha” al
dejar claramente – en los hechos puros y duros – establecida su manifiesta
predilección u orientación ideológica hacia el MERCADO o de la COMPETENCIA
SALVAJE en la organización e implementación de las líneas de acción
político-institucional impulsadas durante las últimas dos décadas. Buen ejemplo
de esto, son los flacos resultados conseguidos en materia macro y micro
económicos (PIB, ingresos autónomos, creación de empresas, niveles de pobreza y
exclusión social, problemas medioambientales, desempleo y empleo informal,
etc.) conseguidos por las regiones, provincias y comunas en el período 2000-10.
Regiones donde han gobernado con este tipo de políticas, el conglomerado de
partidos socialdemócratas y democristianos (liberal-conservadores).
Algunos de los hitos presidenciales de la concertación, y la mayor
contradicción de la socialdemocracia chilena.
Para dar cuenta del porqué la concertación ha dado un
“giro brusco hacia la derecha” en Chile, y en la región de Los Lagos, hay que
conocer y entender cómo ha ido evolucionando el conglomerado durante las
últimas décadas. Para ello, citaré solo algunos ejemplos a modo de síntesis.
Son, quizás, los más iconográficos y que más fielmente dan cuenta de las
características de su evolución y desarrollo.
Lo de “iconográfico” viene porque los ex presidentes
del bloque concertacionista consiguieron records difíciles de igualar por la
propia derecha económica y política de este país, aunque en sus inicios este
sector político partidista consiguió un gran arraigo en la sociedad y las
clases medias, trabajadoras y bajas.
Eduardo Frei, quien gobernó Chile entre 1994-2000, no
tuvo la decisión valerosa (ni fue capaz) de asumir durante su período un tema
que va siendo tabú en este país: hablar en serio, y conseguir de una vez por
todas, de una “reforma tributaria” en condiciones. Una reforma encaminada a
gravar o imponer a las grandes fortunas y la clase adinerada tasas de impuestos
coherentes con sus descomunales ganancias y, de este modo, haber puesto en
marcha procesos de redistribución afirmados en la “solidaridad” y la “justicia
social” (no serían necesarias las AFPs., por ejemplo). Tasas de impuestos
elevadas permiten el financiamiento de políticas sociales fuertes, y no de
mínimos como ha venido ocurriendo de 1990 a la fecha en los sucesivos gobiernos
de administración concertacionista. En síntesis, Frei le tuvo miedo al enfado
de la clase o élite económica-rentista de este país o bien fue fiel a su
pensamiento liberal-conservador.
R. Lagos, de vertiente socialista o socialdemócrata,
cuando le tocó el turno de gobernar (2000-06), consiguió el incontestable
record de “hacer más ricos a los ricos” de este país, lo cual no es poca cosa. La
“modernización” de sus partidos – PS y PPD- los llevó a establecer relaciones
personales y de complicidad política con los grupos del poder financiero y
económico en Chile, diluyéndose parte importante de los principios de acción
ideológicos e históricos. Este desempeño, al igual como ocurriera en el
gobierno de Frei, contó con el gran aplauso del establishment económico y financiero chileno (y norteamericano), y
que erróneamente –alianzas o partenariados estratégicos - se han presentado como
causa del crecimiento económico y desarrollo social (involución de la pobreza).
Son estas medidas las que han conducido al “odioso” aumento de la desigualdad
en la distribución de la riqueza entre las distintas clases o segmentos
sociales en nuestra sociedad: la clase adinerada, la clase media, la clase
trabajadora y la clase pobre. Por su parte, la ex presidenta M. Bachelet y su
equipo (2007-10) dedicó tiempo y esfuerzos en la extensión y profundización -
aún más de lo que había - del sistema de políticas sociales focalizadas o de
mínimos, la de los Bonos y Subsidios “trampa” para las clases desfavorecidas
(Titmuss, 1968). Con estas medidas de más que cuestionable “protección social”
(bastaría sólo con mirar los escandalosos y malos resultados en la educación
municipalizada o en la salud pública de este país) se ganó una buena prensa
entre un pueblo repleto de “necesidades básicas insatisfechas”, y ansioso de
recibir la escasa en cuantía pero múltiple ayuda pública: en salud, en
vivienda, en protección social, en empleo, en educación, etc. No está demás
decir que es este pueblo, los necesitados y los pobres o las clases populares,
“el que decide y gana elecciones” en Chile históricamente hablando (Rothstein,
2002).
Las progresivas reformas en el sistema económico y
financiero impulsadas durante este período fueron posible en función de la política
social de cortinas de humo de los BONOS y SUBSIDIOS ECONÓMICOS, lo cual supuso
un gran costo social y político para una parte no menor de los ciudadan@s:
endeudamiento, pérdida en la capacidad de consumo, etc.
Como bien sabemos los especialistas
en materia de políticas públicas y sociales, más BONOS y SUBSIDIOS focalizados en
las clases menos favorecidas no suponen bajo ningún concepto mejoras
significativas en el bienestar o la calidad de vida de nuestra población. Ni
mucho menos hablar de subir en la escala social o movilizarse ascendentemente
en la estructura social o escapar definitivamente de la pobreza. La acción de
subir, movilizarse o escapar de la pobreza supone saltar dentro de un período
determinado de tiempo - diez años aproximadamente - de una clase social a otra:
por ejemplo, de la clase pobre a la clase trabajadora, y de ahí, a la clase
media (Esping-Andersen, 1990).
Por decirlo de otra forma, a la luz
de los resultados políticos y sociales no caminamos por la senda del desarrollo
armónico que ofrecieron o prometieron antes y durante sus gobiernos. O que siguen
ofreciendo o prometiendo falazmente a la ciudadanía mediante un discurso
carente de contenidos esenciales en el marco de la actual campaña política a
ocupar cargos de representación ciudadana, pues se sabe que salir electo trae
por añadidura expandir el poder y los presupuestos (Mueller, 1989).
Esta situación, la de los efectos de
las políticas selectivas y/o focalizadas, la ilustró magistralmente el
economista Schumpeter, en el año 1964 del siglo pasado, con la analogía del
“autobús”.
La respuesta a lo insostenible políticamente hablando, en apariencia, se
antoja simple.
Precisemos ahora los por qué de la
imposibilidad que den cabal cumplimiento al discurso de la IGUALDAD, la
EQUIDAD, la JUSTICIA, entre otros valores políticos esgrimidos por los
candidat@s lanzados en campaña.
Porque como bien saben mis amigos de
la CUT, en lo fundamental ninguno de estos ex presidentes ni los representantes
del conglomerado – presidentes de partidos, representantes en las dos cámaras,
activistas políticos, alcaldes, etc. - ha hecho maniobras políticas decididas
para dar con la tecla de la creación de empleos de calidad o en condiciones
dignas para parte importante de la población económicamente activa de este
país: empleos estables, salarios decentes, empleo con derechos, protección al
desempleo, programas activos de incorporación al mercado de trabajo, empleo
regulado por el Estado, etc. Dicho a la inversa, enfrentar un problema de
enorme calado en los destinos de este país y sus gentes - el empleo y el
desempleo – supone no ligarse y actuar en complicidad con el MERCADO, sino
desde un Estado fuerte o sólido responsable de la protección y cuidados del
conjunto de sus ciudadan@s. Todos y cada uno de estos “candidatos a algún cargo
de burócrata” han dado buena cuenta de una fe ciega en el MERCADO, en el
control y la coordinación total de uno de los factores más decisivos en los
resultados en materia de bienestar y de derechos sociales para nuestra
población. Desde las lógicas del MERCADO (la ley de la oferta y la demanda o el
pez más grande se come al más pequeño), hablar de bienestar colectivo o de
derechos sociales o de bienes colectivos, resulta absurdo e innecesario. El
crecimiento económico lo puede y lo da todo, y a su debido tiempo CHORREARÁ o
GOTEARÁ el dinero!
Por si no me toman en serio, lean las declaraciones del
01/10/2013 donde el Papa Francisco – autoridad moral donde las haya - criticó el
“liberalismo salvaje”.
Como se habrán dado cuenta, he citado
tres de los grandes problemas ante los cuales todo ciudadan@ meridianamente
cuerdo debería al menos prestarle algún grado de atención: Primero, los
impuestos o la reforma tributaria. Segundo, la (perversa) distribución de la
riqueza y la desigualdad estructural naturalizada e institucionalizada entre
clases sociales de este país. Tercero, la política social como un bien público
y no vista como una "irregularidad normativa" y, por tanto, de
segundo orden de importancia. De las reformas al diseño constitucional y de
nuestras instituciones tan postergada como urgente, mejor ni hablar pues daría
para escribir un libro.
Por cerrar, dejo planteada una
interrogante y a la vez una conclusión: ¿Resulta razonable, con las pruebas a
la vista, depositar una y otra vez la confianza y el voto en los representantes
y exponentes del proyecto de mercado, de la economía y del mercado que lo puede
y lo mueve todo o de la mercantilización de nuestra sociedad y de nuestras
vidas?
Creerse que el conglomerado actual
del NUEVO BACHELETISMO puede liderar un cambio es pecar de “ingenuidad”. Y es
ahí donde hay que resaltar una “profunda contradicción vital” a la cual se ven
enfrentados: entre las medidas regresivas asociadas al liberalismo económico o
de mercado adoptadas en los últimos años de sus gobiernos, y la posibilidad real
del cambio ofertado a la masa electoral.
Si no está de acuerdo conmigo, lo
invito a que me invite a debatir.
Lo dicho.
Miguel Arismendi G.
Editor de, “creando crítica, formando
opinión pública para una nueva sociedad política”
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