¿Somos los ciudadanos del Chile del S. XXI rehenes del poder político y económico que gobierna "a su antojo" los destinos de este país?

¿Está la derecha económica (y algunos sectores del nuevo bacheletismo “celadores de la ortodoxia del mercado”) jugando a empobrecer a la clase media como estrategia desactivadora (o desmotivadora) de las reformas estructurales – entiéndase REFORMA TRIBUTARIA y ESTATALIZACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS (educación, salud, previsión social) PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DE NUESTRO PAÍS – que la “calle” ha exigido a golpe de movilizaciones a los gobernantes-empresarios de turno?

La clase media y la clase trabajadora – aquellos que no viven del festival populista y demagógico de los “bonos y subsidios adormecedores de consciencia” - ha visto como su consumo ha caído drásticamente durante los últimos meses. Esto, a consecuencia de alzas constantes en el costo de la vida y el adelgazamiento evidente de los “salarios reales”. Por ejemplo, el precio de los productos alimentarios en el supermercado o las subidas y bajadas constantes en el precio del combustible que encienden alarmas, crean incertidumbre y preocupación o entretención permanente en los consumidores.

En Chile, producto del modelo de desarrollo de libre mercado adoptado en los ´80 del siglo pasado y que ha sido administrado eficientemente por los gobiernos de cuño socialdemócrata y democristiano, es la gran empresa o los empresarios o derechamente “el mercado” quien está al mando de la economía y de las grandes decisiones país: decisiones con influencia directa sobre la vida cotidiana de los ciudadanos(as).

Pero, ¿qué consecuencias estructurales acarrea este hecho político, económico y sociológico entre las clases medias, trabajadoras y pobres de este país? ¿Cómo o de qué forma afecta en el “comportamiento social” de la ciudadanía el que un sector poderoso en este país manipule a su voluntad y decisión las líneas maestras del desarrollo?

Pasemos, a continuación, a revisar algunos de los ejes centrales de esta discusión.

Primero, mirado este fenómeno desde una perspectiva estrictamente económica y política el panorama se presenta francamente desolador. ¿Por qué? Bien, porque el diseño institucional adoptado por este país señala que el Estado de Chile no debe intervenir o regular la dinámica organizativa de la economía en cuestiones tan trascendentales como la preocupación por la desigualdad - fijar salarios, ordenar y regular los precios, establecer mecanismos de distribución igualadores de cargas y beneficios en los distintos estratos sociales, entre otras - o de proveer universidad gratuita, por ejemplo.

Por poner algunas cifras explicativas de la materia en discusión: según los datos aportados por la Dirección de Presupuestos Nacional (DIPRES), el gasto público en 2013 alcanzó el 23,65% del Producto Interno Bruto (PIB). Nuestro país se ubica en el puesto 47 a escala mundial en materia de gasto público, por detrás de países como Argentina (44,29), Brasil (40,48%), Colombia (28,26%), Ecuador (40,40%) o México (27,3%). En cualesquiera de estos países, donde la inversión pública expresa una preocupación superior por proteger el interés colectivo o a las personas, la intervención del Estado en más intensa o mayor que en Chile. Ahora bien, ni hablar de los países desarrollados o post-industrializados pues de entrar en comparaciones haríamos el ridículo más absoluto.

La realidad en datos de esta institución total llamada Estado, puede ser bien comprendida haciendo uso de las palabras sentenciadas por un sabio latinoamericano al momento de salir elegido Lula (representante del partido de los trabajadores) como presidente del Brasil (período 2003-2011): “Lula llegó al gobierno de la nación, pero no al PODER”.

Surge entonces la siguiente interrogante: ¿Qué circunstancias sociales impiden un mayor intervencionismo estatal, reflejado este hecho en cifras o en los números, como institución con la capacidad suficiente de otorgar garantías efectivas a la población para mejorar los niveles de bienestar y de protección social afectados por la supremacía del modelo de acumulación de riqueza capitalista imperante en Chile?

Dicho de otra forma, ¿está realmente capacitado el Estado chileno para poner freno a las arremetidas de las fuerzas descontroladas o fallos del mercado que impiden mayores cuotas de bienestar y desarrollo social o es que está jugando a favor de la profundización del sistema de sociedad del capitalismo neoliberal? Ejemplos del “des-control del mercado” o del “mercado des-atado”, obtenidos de la radiografía de nuestra realidad, abundan: el aumento incontestado del costo de la vida (bienes y servicios básicos) o el precio de los carburantes, el ajuste a la baja – arbitrario - de los salarios, la rebaja de las garantías y condiciones laborales, las elevadas tasas de desigualdad estructural y de pobreza por sobre las cifras aportadas y que oculta la estadística oficial, el liberalismo salvaje o darwinismo social imperante en sectores tan estratégicos para el desarrollo de un país como son la educación, la salud (enfermedad), la previsión social (jubilación), entre otros? Sugiero revisar el siguiente (breve) artículo: ¿Santiago más caro que Londres? El costo de la vida sube y sube…

Algunas de las explicaciones posibles de dar a este problema (pues no sería una, exclusivamente) se remontan a lo vivido en este país durante las últimas tres décadas: período 1980- 2014. Aquí se conjuga o fusiona el juego perverso de factores de tipo político, ideológico o de arreglos históricos institucionales – conglomerados asociados al poder gobernante y grupos de influencia económica -, que valiéndose de la vía económica y política han obstaculizado el crecimiento de las capacidades y funciones del Estado: en síntesis, “su tamaño”.

Las reformas estructurales del Consenso de Washington, aplaudidas por liberales y socialdemócratas de toda la región latinoamericana, ajustaron “a la baja” el tamaño del Estado dejando sometidas a las sociedades a las reglas unilaterales de la mano invisible del mercado o del laissez faire. Una lectura actualizada de este hecho la puede obtener oyendo el discurso del renovadísimo ex presidente socialista (¿..?) Ricardo Lagos (alías “capitán planeta”), quien hace muy poco en un seminario de ICARE entonó el canto de sirenas de lo concesionable o más bien de la “privatización encubierta” en asuntos de obras e infraestructura. A este respecto, solo me cabe decir que mucho me temo que este señor se ha contagiado de la subversión ideológica de Felipe González (ex presidente español, representante del Partido Socialista Obrero Español), quien se ha manifestado abiertamente a favor de una gran alianza con la derecha española. En síntesis, absorbido por la insensata idea de consolidar el sistema neoliberal o de libre mercado. Cuestión que Lagos, y a las pruebas me remito, también daría por bueno!  

A las lógicas del mercado y de la fe ciega puesta en el crecimiento económico por nuestros máximos representantes, a las que se sumó el proceso ascendente de reducción o “minimalización” de la función pública (proceso empleado a su vez como medio para normar la desafección política de la ciudadanía en los asuntos de interés público), son atribuibles algunos de los grandes problemas sociales observados actualmente en nuestra sociedad:

i)                     elevadas tasas de desigualdad en la distribución de los ingresos, desigualdad que priva a los ciudadanos de la “libertad real”.

ii)              imposibilidad en un sector amplio de la ciudadanía de “escapar de la pobreza” mediante la movilización objetiva en la escala o estructura social, generando oportunidades muy desiguales. Ejemplo de ambos fenómenos, lo son: el enorme muro que impide materialmente a los pobres movilizarse de un quintil a otro (del quintil dos al tres, escapando así de la pobreza y mejorando las condiciones materiales de vida). O la educación pública-municipalizada, máquina reproductora de la desigualdad y la fragmentación social (la denominada “sociedad de los dos tercios” o los excluidos y los incluidos).

Ambas situaciones – cóctel de desigualdad más pobreza alimentado por los gobernantes de turno y las coaliciones del poder e influencia - han llevado periodicamente a la infrautilización del capital humano y el impedimento a los individuos de explorar y desarrollar sus talentos y capacidades (Myrdal, 1960; Alesina y Rodrick, 1994; Persson y Tabellini, 1994).

Segundo, el que un sector muy poderoso de la sociedad (derecha económica, derecha política y los partidos de gobierno pro mercado) tenga el control casi total de las vidas de la mayoría de los ciudadanos (as) en este país ha colaborado en deteriorar la frágil democracia: la “perfecta dictadura” disfrazada en piel de democracia. En efecto, al haber dejado en manos de algunos sectores minoritarios de la sociedad los recursos – clase política y los grupos de poder – éstos han hecho valer su posición política-económica influyente para manejar a su antojo el comportamiento social colectivo. ¿En qué situaciones o hechos es posible evidenciar este manejo, regulación y control, que pesa sobre la vida de los ciudadanos? Al menos en los siguientes hechos: a) colocando mucho dinero en la política electoral o campañas en los distintos procesos eleccionarios que a posteriori limita la toma de decisiones democráticas pues están dentro del Estado y fuera de éste, b) concentrando riqueza (AFPs., sector energético, ISAPRES, educación privatizada, políticos-empresarios, medios de comunicación de masas, etc.) y formando auténticas estructuras de poder infranqueables.

Aquí es donde el poder del dinero y la influencia política intervienen activamente, cuando así lo consideran oportuno y conveniente introduciendo fórmulas que crean disonancia cognitiva en la ciudadanía, en debilitar las relaciones sociales y la solidaridad social conducente a reequilibrar la balanza a favor de las amplias mayorías sociales: introducen dosis significativas de individualismo (el famosos “yoísmo”), desconfianza e incertidumbre con el fin que los ciudadanos se despreocupen de la “comunidad”, de lo “colectivo” o del “interés común” . Citaré, entonces, dos formas básicas en cómo estos poderes se han hecho del control de determinados recursos ejerciendo coacción deliberada sobre las consciencias movilizadoras de la población: 1) por medio de la regulación del mercado de trabajo, siendo ésta la principal fuente generadora de las desigualdades en una sociedad capitalista: Alan Greespan, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en referencia a los trabajadores del actual modelo neoliberal, llamó la psicología del “trabajador traumatizado”, el cual se resiste a exigir mayores salarios por inseguridad y por temor a perder su empleo; y 2) por medio de la regulación de las decisiones sobre las políticas sociales gubernamentales de mínimos (selectiva y residual) – gasto público y social -, y valiéndose de subsidios y bonos individualizadores por tratarse de los instrumentos más importantes de manipulación del comportamiento social en ese vasto segmento de población pobre y necesitada. Este estrato social es quien aporta la base material, mediante el voto en las elecciones, sobre el cual se sostiene el edificio del poder monopólico o de intereses personales de la clase adinerada y de los políticos-empresarios de turno.

Concluyo diciendo que la distribución de recursos en esta lógica – menos para el Estado más para los privados o el mercado -, es funcional a la ampliación de los diferentes tipos de desigualdad que se dan en nuestra imperfecta democracia: no únicamente de ingresos, sino también de género o étnica o de estatus social. Este tipo de democracia configurada al modo de la sociedad de mercado, favorece a la preservación de las lógicas de concentración intacta de riqueza en unos pocos y la movilidad financiera como factor clave en la limitación del poder ciudadano en la conducción (bajo el principio de “libertad real”) de propios proyectos de vida o ideal de vida deseado.

Lo dicho.