¿Era esperable el shock o crisis ocurrida en la USS, sede Osorno?

Lo primero, es señalar con toda rotundidad que SÍ. En esto, no tengo duda alguna. Por lo cual, y en mi caso, no representa sorpresa o novedad alguna. 
Lo explico de la siguiente manera.

Como es “archisabido” por casi todos los ciudadanos de este país, en su conjunto el sistema educacional chileno está gobernado por políticas de mercado mercantilistas (racionalidad económica, de la eficiencia y la eficacia en los rendimientos económicos).

El hecho normativo nos señala la existencia y predominio de políticas institucionalizadas de mercado en este sector - el interés público va por detrás del interés privado o económico -, situándolo bajo el poder y control de “la ley de los mercados”: compra y venta o la demanda y la oferta de bienes y servicios”.

Tales leyes, sus lógicas y dinámica cultural-social que han envuelto a nuestra sociedad, fueron suscritas (o impuestas) mediante un “contrato social” por todos y cada uno de los chilenos allá por los años ´80, en pleno régimen dictatorial. Este hecho social admitió que gobernantes y gobernados se comporten social y políticamente de la manera en que lo hemos venido haciendo durante los últimos 22 años: “de forma complaciente, ciudadanossobrerrepresentados por los agentes del bipartidismo, ciudadanos-clientes,ciudadanos-consumidores de (erráticas e irresponsables) políticas y políticos, ciudadanos muy acomodados en el modelo y que mediante "el voto" han dejado en manos de otros las grandes decisiones de país”. Ese contrato social, suscrito como sociedad e individuos, marcó y legitimó a fuego el inicio y posterior desarrollo del modelo neoliberal o de la economía del libre mercado en Chile. Lo conocido hasta hoy en día, y los (inconvenientes) resultados políticos, en su estado puro.

En esta nueva arquitectura institucional o reglas del juego, al Estado se le asignó por función la administración “gerencial” de los asuntos públicos a fin de velar por los intereses corporativistas de los grupos de interés económico y político. Dicho de otra forma, asegurando condiciones suficientes para la acumulación y concentración de riqueza y poder con todas las garantías estatales posibles: los sucesivos gobiernos democráticos flexibilizaron las condiciones laborales, acentuaron la pérdida de derechos sociales en la ciudadanía, dieron respuestas en una carrera a la baja a la pobreza, ladesigualdad y la exclusión social mediante el artilugio demagógico de los Bonos y Subsidios a destajo, fomentaron y sustentaron su piso político-partidista en el clientelismo político y el asistencialismo, aceleraron los procesos de liberalización y privatización de bienes públicos, entre otros muchos aspectos.

Sobra decir que en la actualidad, en la provincia y región, no muchos observan con pasmo el lanzamiento a la competencia electoral (y otros tienen entre sus planes el presentarse) representantes de los distintos partidos políticos del conglomerado concertacionista (PRSD, PPD, PS, DC) – ex gobernadores y ex directores de corporaciones municipales, actuales alcaldes, presidentes de partido, entre otros -, cuya labor (como representantes públicos) al frente de la administración y gestión de la (irresponsable por lo errática) ortodoxia política con énfasis en el mercado, fue al menos celebrada. Personajes que, sin ningún tipo de pudor ni de consideraciones, en base a un pensamiento egoísta y personalista (o autocomplaciente) siguen “vendiéndole humo” a una gran masa de electores ignorantes. Como si aquí no hubiese o no pasase nada, o lo que los expertos denominan como hacer “tabla rasa”: hacer borrón y cuenta nueva.

¿Presos de nuestra propia trampa o debilidades políticas?

Con estas claves sobre la mesa, la conclusión principal es que poco o escaso margen de acción queda a este colectivo de estudiantes y sus familias si se piensa en buscar soluciones desde las políticas públicas – las leyes y normas escritas - vigentes y reguladoras de este maleado sistema, a un problema de tipo “social-colectivo”. Bastaría con centrase en la suma de los factores concurrentes en el caso en cuestión, para saber de los considerandos en el resultado político de la medida: el cierre de una sede se ajusta plenamente a las reglas del juego institucional, a la legitimidad normativa y reglamentaria actual.

Alguien con nociones básicas de economía entenderá que si en este negocio de la educación, la institución (o empresa) no tiene matrícula (o no tiene demanda), por defecto, no se dará la prestación del servicio. No se dará la acción comercial – la venta del servicio -, pues no resulta económicamente rentable: recuerden, “el mercado” no tiene sentimientos ni emociones pues todo gira alrededor de cálculos en base a tasas de pérdida y tasas de ganancia: usted y yo somos simplemente números o una "mercancía" tranzada en el mercado. Ahora bien, con toda probabilidad este tipo de eventos no figuran en los contratos de prestación de servicios, pero están en el espíritu y muy dentro de nuestra leyes y normativas al uso. Menciono, por ejemplificar, algunos ejemplos ilustres de reciente data: la crisis de la empresa salmonera en nuestra región y el cierre de las factorías o el caso de la empresa Mulpulmo, en Osorno.

Finalmente, los principales y únicos perjudicados son siempre los trabajadores y ciudadanos al estar en una evidente posición de desventaja ante los controladores del poder. J.S. Montes (ex intendente de la región de Los Lagos), que venía de la industria salmonera en crisis terminó ocupando el cargo de Intendente; por su parte, Bayer (ex-ministro de educación) se va de director del CEP. Ambos dos, con sendos "sueldazos".

¿Hay salida o la luz al final del túnel?

Para este problema u otro de naturaleza semejante (perjuicio sobre nuestros intereses) – por ejemplo, la educación municipalizada – el antídoto sería buscar maneras de alterar el orden o equilibrio en los factores articuladores en este sistema o modelo político hegemónico al cual de manera consciente muchos han apoyado: como si vivieran en el Edén o en el mundo feliz!

Los expertos – los politólogos, sociólogos, cientistas políticos de mayor agudeza crítica – hablan de la vía de la movilización social y contestación política, ajena a intereses corporativistas y por fuera de los límites trazados por las instituciones, los gobernantes y la clase política de turno (de todos los colores y banderas, por muy de izquierdas que digan ser de cara a la galería). Sobre todo, por la existencia de intereses cruzados en coaliciones y fuertemente arraigados tras el poder y el control sobre los recursos con una capacidad asombrosa en la abducción de cualquier mente débil.

La tarea inmediata de los movimientos (estudiantil-social) consiste en alcanzar una plena autonomía e independencia, la capacidad de convocatoria, la mejora en la capacidad de dialogo y la apertura de espacios de encuentro amplio – donde no tenga cabida ni la segmentación ni la parcialización de la realidad y sus problemas bajo una mirada estrecha o reduccionista –, el acortar distancias y posiciones según la extensión de lazos de confianza y la cooperación social permanente.

En apariencia parece ser una de las pocas fórmulas razonables para avanzar en la modelación de nuevos y renovados aprendizajes y capacidades sociales, rompiendo las fronteras del modelo actual de pensamiento y de acción centrado en la ideología del mercado. De hacerse este trabajo bien, mediante la construcciónde elaboradas y novedosas estrategias políticas y de acciones colectivas permanentes, se podrá ejercer un mayor control e influencia en este juego político de la toma de decisiones en las instituciones y los grupos con intereses particularistas.

Miguel Arismendi G.

Profesor universitario